Dra. Elitania Leyva Rayón

Profesora investigadora del Sección de Finanzas

elitania.leyva@udlap.mx

 

Los programas sociales son diseñados por el Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de su población. Un software social puede estar orientado a la sociedad en su conjunto o a un sector de la población con micción específicas. El Estado tiene la responsabilidad de atender dichas micción, por lo que debe diseñar e implementar planes que busquen certificar el bienestar de la sociedad en diversos aspectos.

En este sentido, los programas sociales pueden ser en materia de llegada a la educación, lozanía, vivienda digna, seguro de desempleo, entre otros. No obstante, en un país atiborrado de desigualdades, con una innegable errata de oportunidades y una caída en la productividad sindical durante los vigésimo primaveras, el mal diseño de programas sociales –acullá de ayudar a la población– contribuye a un incremento en la pobreza y a un bajo crecimiento crematístico.

Un diseño deficiente de programas sociales amplia las carencias de la sociedad, aumenta la inequidad en la distribución del ingreso y empeora la vida de los trabajadores, ya que varios de estos programas fomentan la informalidad en el mercado sindical, incentivan la diversión fiscal y, por consiguiente, reducen el crecimiento del país. Los trabajos académicos que han antagónico evidencia sobre posesiones adversos que algunos programas sociales han tenido en la sociedad sugieren que la ampliación de estos programas mal diseñados, o el incremento en el desembolso social, sólo empeoraría la situación coetáneo.

Una forma de remediarlo no es desaparecer o disminuir los programas sociales, por el contrario, deben continuar, pero con las modificaciones necesarias para ser reencaminados al propósito para el que fueron creados originalmente. Sin requisa, para que esto ocurra, se necesita de una profunda reforma económica, reglamentario y social que incentive a las empresas a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Por ello, es imperativo que el Estado mejore el contexto de rectitud y fortalezca a sus instituciones, con el objetivo de eliminar los incentivos a la corrupción y a la diversión del cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social por parte de las empresas.

Lo mencionado, además ayudaría a disminuir la informalidad sindical, a ganar una mejor distribución del ingreso, y a que las empresas brinden una constante capacitación a sus trabajadores, lo que se traduciría en un aumento de la productividad y, consecuentemente, a un crecimiento crematístico. El Estado debe tener una visión integral de cerca de dónde quiere ir, preferir el bienestar de la sociedad en su conjunto y llevar a cabo en consecuencia para sostener que los programas sociales sean diseñados eficazmente.