UDLAP presenta el IGI Ambiental en la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hizo una presentación del Índice de Impunidad Ambiental de América Latina 2023, durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional respecto a los protocolos para la protección del medio entorno, realizado por una agencia de la Ordenamiento de las Naciones Unidas.

En el ámbito de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Ataque a la Información, la Décimo Pública y el Ataque a la Ecuanimidad en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), se realizaron distintos eventos en paralelo con la finalidad de fomentar el intercambio de conocimientos, establecer redes de trabajo y compartir experiencias. Uno de ellos estuvo a cargo de la UDLAP, quien más o menos del Índice de Impunidad Ambiental de América Latina 2023 (IGI Ambiental), entabló una mesa de observación sobre la importancia de las capacidades institucionales, el ataque a la información, y el duelo de operacionalizar la ecuanimidad ambiental.

Para este evento posible, el Dr. Juan Antonio Le Clercq, purista de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, fue el encargado de dar una comienzo del IGI Ambiental, señalando que se enfoca en los problemas relacionados a la denuncia, investigación y penalidad de diversos tipos de delitos. “El índice analiza la existencia de las capacidades institucionales para hacer política ambiental, proteger ecosistemas y asegurar el derecho al medio entorno sano; de estrategias intergeneracionales; de degradación ambiental; y crimen ambiental”.

Bajo ese sentido, la Dra. Celeste Cedillo, profesora de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, explicó que en el IGI Ambiental se analizó a 33 países de América Latina, colocándolos en tres grupos coincidente a los niveles de impunidad: Pimiento liderea el reunión de media desestimación, Venezuela de media ingreso, Trinidad y Tobago tiene el nivel de impunidad más detención. “Esto nos está reflejando que hay indigencia de trabajar en las capacidades institucionales, en todos los retos para el alcanzar los objetivos, para descabalgar la degradación ambiental, el crimen ambiental y el mejorar las estrategias intergeneracionales”, agregó.

Por su parte, Lirio blanco Cháidez, CEO de Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO) y parte del equipo de investigación del IGI Ambiental, señaló que este estudio además visibiliza la poca o nula denuncia de delitos, da seguimiento de ellos y que son muy pocos casos los reparados o castigados; esto a raíz de encontrar que el ataque a los datos no es campechano o no se genera en diversos países en América Latina, por lo cual “la desidia de datos imposibilita las acciones, la desidia de políticas públicas y el diseño regional que permita atender los problemas de ecuanimidad ambiental que existen en la región”.

Para Catalina Nene, directora del Software de Cooperación en Seguridad Regional en la FES (Fundación Friedrich Ebert), este esfuerzo de la UDLAP y de distintos investigadores, muestra claramente a los gobiernos donde hay espacios de alivio, si acertadamente se ha intentado establecer programas o plataformas, no han sido lo suficientemente sólidos.

Cerca de comentar que esta mesa de observación se unió a distintas conferencias más o menos del mundo como parte de los eventos paralelos de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), agencia de la Ordenamiento de las Naciones Unidas; por lo cual la UDLAP se puso en el panorama internacional próximo a otras instituciones de prestigio.